Derecho en Puebla: una carrera saturada que domina la BUAP

El equilibrio invisible: universidades públicas y privadas empatan en presencia en la matrícula de la carrera de Derecho en Puebla, pero no en fuerza.

Puebla se ha consolidado como una de las ciudades universitarias más importantes del país, un territorio donde confluyen instituciones públicas y privadas con una amplia diversidad de programas. Sin embargo, dentro de ese ecosistema, la licenciatura en Derecho refleja con claridad una realidad paradójica: una enorme concentración en pocas universidades y una sobreoferta en decenas de instituciones que apenas logran reunir grupos pequeños.

De acuerdo con el análisis del ciclo escolar 2024–2025, más de 16 mil estudiantes cursan actualmente alguna licenciatura en Derecho o programas afines en Puebla, pero casi la mitad pertenece a una sola institución: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Con 6,125 alumnos distribuidos entre la Licenciatura en Derecho y la de Consultoría Jurídica, la BUAP mantiene una posición dominante y se consolida como la principal formadora de abogados en el estado.

El peso de la BUAP no es casual. Su prestigio, cobertura estatal, planta docente consolidada y estructura académica convierten a su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en un referente histórico. La institución concentra el 48% de la matrícula total en Derecho de Puebla, una cifra que, por sí sola, supera la suma de más de veinte universidades privadas juntas.

En términos de impacto social, su presencia marca la pauta: cada año, cientos de egresados de la BUAP se incorporan al sistema judicial, la administración pública y la docencia universitaria, alimentando un ecosistema profesional que mantiene el sello de lo público como sinónimo de calidad y trayectoria.

Pero detrás de la hegemonía de la BUAP se levanta un escenario distinto: el de las universidades privadas, que en conjunto ya igualan el volumen total de estudiantes del sector público.

Instituciones como la UPAEP, el IEU, la UDLAP, la IBERO Puebla, el ICI, la Libre de Derecho, la Anáhuac, Universidad Alvart, Universidad Alva Edison, UNIC, la Universidad de los Ángeles y la Interamericana, conforman un bloque que sostiene casi la mitad del mapa de la educación jurídica poblana.

Aunque ninguna de ellas se acerca a la magnitud de la BUAP por sí sola, su número colectivo revela la consolidación del Derecho como una de las carreras más demandadas del sector privado, tanto en modalidades presenciales como en línea.

Sin embargo, el dato más revelador no está en los grandes números, sino en los extremos.

De las más de 70 instituciones que ofrecen programas relacionados con el Derecho en Puebla, más de la mitad no alcanza los 50 alumnos matriculados. Algunas apenas registran uno o dos estudiantes activos.

El fenómeno apunta a una sobredensidad de oferta y subdemanda real, principalmente en universidades privadas de reciente creación o con presencia limitada. Para muchas, el Derecho se ha convertido en una carrera de supervivencia institucional: un programa de bajo costo operativo que permite sostener su reconocimiento oficial, aunque carezcan de una demanda sólida o infraestructura adecuada.

Otro rasgo evidente es la diversificación en los nombres de los programas, una táctica que busca atraer nuevos perfiles sin alterar la esencia del plan de estudios. En Puebla existen licenciaturas que combinan el Derecho con Criminología, Juicios Orales, Ciencias Sociales, Ciencia Política o Consultoría Legal.

Esta tendencia responde más a estrategias de mercadotecnia académica que a una especialización profunda. En la práctica, los contenidos suelen ser similares, pero con etiquetas que buscan diferenciarse dentro de un mercado educativo saturado y cada vez más competitivo.

En ese contexto, la competencia entre universidades se vuelve profundamente desigual.

Mientras la BUAP, el IEU o la UPAEP cuentan con planteles sólidos, cuerpos docentes especializados y reconocimiento profesional, decenas de instituciones pequeñas apenas logran sostener grupos mínimos, muchas veces con profesores de asignatura que rotan entre distintas escuelas.

El resultado es una brecha en la calidad formativa y la inserción laboral de los egresados. Los estudiantes de las universidades con menor matrícula suelen enfrentar mayores dificultades para titularse, realizar prácticas jurídicas o incorporarse a despachos reconocidos.

El caso del Derecho en Puebla es un reflejo más amplio del sistema universitario local: un territorio donde la diversidad institucional convive con la desigualdad educativa.

Por un lado, el prestigio consolidado de las universidades públicas; por el otro, una proliferación de escuelas privadas que buscan subsistir en un mercado saturado, donde la matrícula se fragmenta y la calidad se vuelve un reto compartido.

En números absolutos, el equilibrio entre el sector público y privado parece una buena noticia. Pero en profundidad, los datos revelan un sistema con más aulas abiertas que alumnos interesados. Una carrera que, pese a su peso histórico y social, enfrenta hoy un problema de saturación, fragmentación y pertinencia profesional.

Formar abogados sigue siendo una de las misiones más nobles del sistema educativo, pero el desafío actual va más allá de la cantidad.

Puebla necesita replantear la calidad, especialización y empleabilidad de sus egresados en Derecho. De lo contrario, la ciudad universitaria más diversa del país corre el riesgo de seguir graduando más abogados de los que el propio sistema jurídico puede absorber.